Tras la caída de la URSS se habló del fin de la historia; sin embargo
las
crisis económicas no han parado, veamos: A principios de los 90’s con
la crisis en el sector inmobiliario de Japón, tras 10 años aun no se ha
recuperado. La crisis mexicana en ´94. La crisis de los tigres
asiáticos en
´97. La crisis rusa en agosto de ´98. La crisis brasileña en enero de
´99 y
el episodio más reciente en Argentina.
Pero ahora la situación es más grave que en todas las crisis
anteriores. Ha
llegado la recesión global y nunca se había coincidido una recesión de
esta
magnitud. La crisis no se desató por los atentados terroristas en EUA.
Existía ya en esa fecha en las entrañas del capitalismo globalizado.
Ahora se recurre al estímulo keynesiano por la vía del gasto público, a
los
subsidios a las empresas aéreas y al gasto militar como viejo recurso
utilizado para estimular la economía.
¿En este escenario qué sentido tiene para el imperio echar a andar el
PPP?
Se trata de aprovechar el espacio regional del PPP para explotar fuerza
de
trabajo barata, combatir la tendencia descendente de sus ganancias,
apoderarse de lo que resta por privatizar y volcar sobre mercados
desprotegidos mercancías y servicios que destruirían lo poco que queda
de
los tejidos y cadenas productivas y de los endebles sistemas de
servicios en
la región. Además claro de militarizar la región.
En la vida cotidiana de los latinoamericanos lo anterior significará
mayor
pobreza para amortiguar la crisis en la economía más grande del
planeta.
Sabemos que la inserción en los flujos internacionales de capital no ha
pasado más allá de una apertura financiera apresurada y suicida que ha
servido para el ingreso de capitales especulativos de alto poder
desestabilizador, para desarmar a los países con la liberalización de
la
cuenta de capital, para vender en subasta las empresas públicas, para
seguir
alimentando el círculo vicioso de la deuda externa y para iniciar un
proceso
de dolarización impulsado por el sometimiento y la desesperación.
El trato preferencial en lo comercial, lo financiero, lo tecnológico,
aplicado por largo período sería la única forma de integrarlas.
Sin embargo es posible entender que siguiendo la filosofía del TLC, del
AMI
y la OMC, el trato preferencial a los países de menor desarrollo
quedará
limitado a conceder plazos algo mayores a los más pobres para que hagan
lo
mismo que los más ricos.
Estas estrategias tienen la capacidad de beneficiar a muy pocos y
lesionar a
muchos. Por eso su puesta en marcha tendría que apoyarse en la
ignorancia de
su significado, en la confusión y la mentira. Por eso también su
derrota
tiene que apoyarse ante todo, en la explicación y divulgación de su
entraña
hegemónica y antipopular. Para los millones de pobres latinoamericanos
esto
significa más de la misma política que los empobreció.
Para los campesinos significa la irrupción en gran escala del agri
business
norteamericano y el ingreso de productos agrícolas de ese país en
condiciones imposibles de competencia. Con el desplazamiento de
productores
nacionales, la dependencia de la importación y la ruptura de las formas
tradicionales de trabajo y comercialización agrícolas.
Incluso para los empresarios vinculados a los mercados internos y que
aún no
han sido devorados por las transnacionales, esto significa la
competencia
ruinosa.
Es el capital quien impone a los estados una lista de llamados
"requisitos
de desempeño" mediante los cuales no sólo el estado renuncia a regular
la
actuación del capital estadounidense, sino que acepta ser regulado por
éste.
Ningún gobierno podría decidir siquiera que el capital emplee algún
porcentaje de materias primas nacionales o exporte alguna porción de lo
producido en el país.
Cualquier acción de un que sea señalada por una empresa norteamericana
como
causante de la disminución de su ganancia esperada puede calificar
entre las
llamadas "medidas de efecto equivalente a una nacionalización" y
provocar
que se desate el sorprendente principio jurídico de la relación
empresa-estado, en la cual el estado entrega su soberanía al aceptar
que la
empresa lo demande y que la demanda sea juzgada por un panel
internacional
colocado fuera de la jurisdicción de las leyes nacionales del estado
demandado.
Las leyes nacionales que se supone sean la expresión de intereses
sociales
decididos democráticamente, son burladas de manera antidemocrática por
la
relación empresa-estado y su mecanismo de solución de controversias,
mientras que al derecho internacional que se basa en acuerdos entre
estados,
se le pretende cambiar su naturaleza sustituyéndolos por acuerdos
preferenciales para las corporaciones.
En el TLC existe ya una lista de demandas y condenas impuestas a los
gobiernos de México y Canadá.
En la propiedad intelectual el imperio pretende utilizar su
superioridad en
las patentes para bloquear el desarrollo médico farmacéutico, mantener
el
monopolio comercial sobre resultados del conocimiento incluidos los
tratamientos contra el SIDA y entrar a saquear los recursos de
biodiversidad
y conocimientos tradicionales de la región.
Todo esto sin tomar en cuenta todas las implicaciones militares y de
exterminio a las que son tan frecuentes los norteamericanos.